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Cuestiones Frecuentes, Dudas, Banco De México

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Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones de crédito determinarán de común acuerdo la retribución, teniendo en cuenta el valor promedio variable de operación por la prestación de estos servicios en que incurran estas instituciones en su grupo, aplicable para cada modalidad de los servicios de recepción y procesamiento de pagos y afirmaciones, atendiendo a criterios de eficiencia. Si en la declaración complementaria se establece que el pago realizado fue menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del producto 21 de este Código, desde la fecha en que se debió realizar el pago. Los impositores que únicamente efectúen operaciones con el público por norma general, sólo van a tener la obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad. Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad van a deber conservar en su hogar a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Artículo 30.La gente obligadas a llevar contabilidad van a deber conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código. IX.Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a entender el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

I. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o en el momento en que se trate del agravante señalado en la fracción IV del producto 75 de este Código. V. En el momento en que por un acto o una omisión se infrinjan distintas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan múltiples multas, sólo se va a aplicar la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. La petición dará lugar a la suspensión del trámite administrativo de ejecución, si así se solicita y se garantiza el interés fiscal. Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que tiene relación el párrafo anterior la van a hacer en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.

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De enero de 1998, respecto del período para la conservación de documentación y la contabilidad, así como para la extinción de las facultades de las autoridades fiscales. VI.- Las personas morales que hubieren dejado de ser habitantes en territorio nacional para efectos fiscales con motivo de la reforma a la fracción II del producto 9o. De enero de 1997, y que tuvieren pérdidas atentos de disminuir, inversiones pendientes de deducir o capital pendientes de amontonar, seguirán aplicando estas pérdidas y deducciones y acumulando dichos capital durante los ejercicios de 1997 y 1998, para lo cual deberán enseñar la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo van a deber informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de los fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación o de la autoridad fiscal que corresponda. En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se efectuó por un importe mayor al señalado en el segundo parágrafo de este artículo, va a ordenar a mucho más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan, dejar en libertad la cantidad pertinente.

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Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá todo tipo de pruebas, salvo la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la solicitud de reportes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate frente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer frente a la salón regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Producto 125.- El interesado va a poder decantarse por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, de forma directa contra dicho acto, juicio frente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

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XVIII. Los capital que se consigan desde la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2004, por la enajenación de bienes que hayan sido adjudicados al fisco federal por término de dación en pago, se destinarán primordialmente para la constitución de los fondos de administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para reclamaciones, a que se refiere el producto 191 del Código Fiscal de la Federación. En las situaciones a que tiene relación el parágrafo anterior, las facultades se extinguirán por años de calendario terminados, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de enseñar la declaración del ejercicio. No obstante lo previo, en el momento en que se muestren declaraciones complementarias el período comenzará a computarse desde el día después a aquel en el que se presenten, con lo que hace a los conceptos modificados con relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

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  • En cumplimiento de lo preparado por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los USA Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Localidad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
  • Si te contactamos para solicitarte el pago, Tú admites pagarnos instantaneamente el monto total o el saldo pendiente por el que hubiéramos ejercido el Contra-cargo o Contra-cargo Directo.

Caso de que se cumplan los requisitos de procedencia señalados en los artículos 133-C y 133-D del presente Decreto, los impositores van a tener la opción de pedir a la unidad administrativa encargada de solucionar el recurso de revocación, que exactamente el mismo se tramite en los términos del Título V, Capítulo I, Sección Cuarta del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando realice su petición en un período de diez días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. V.- Las referencias que se hacen a los artículos 1o.-C, fracción III, primer parágrafo; 5, fracción II; 32, fracciones III y V, primer parágrafo, y 33, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Añadido a los términos comprobante, comprobantes, archivo o documentación, se comprenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el artículo 2o.-C, sexto y séptimo parágrafos de la Ley antes citada, la referencia a comprobantes se comprenderá hecha al comprobante fiscal hecho más simple a que tiene relación el producto 29-C del Código Fiscal de la Federación. A 2.19., lo hubiesen efectuado mediante transferencia electrónica de fondos en los términos de la regla 2.9.8., vigente hasta el 29 de agosto de 2005, sin haber presentado, mediante transmisión electrónica de datos o mediante formas oficiales, la declaración correspondiente a dicha transferencia. III.El Servicio de Administración Tributaria, en los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, va a deber expedir reglas de carácter general relacionadas con las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en las que se establezcan reglas de información que deberán de cumplir dichas entidades. En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que festejen las personas a que tiene relación este artículo, ellas deberán señalar expresamente que no tienen la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevista en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Ocupaciones Socorrieres del Crédito y que, salvo tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no están sostienes a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La comparecencia de la gente físicas a que se refiere el párrafo previo, no podrá realizarse mediante apoderado o representante legal, salvo en los casos establecidos por medio de reglas de carácter general. Únicamente para los efectos de gestionar la firma electrónica avanzada de la gente morales de conformidad con lo preparado en el producto 19-A de este Código, se requerirá el poder pensado en dicho artículo. Para los efectos nombrados en el párrafo anterior, se va a deber contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se intente personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Períodico Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente.

El género de cambio que utiliza una vivienda de cambio o un banco depende del género de cambio en el mercado interbancario, del monto de la operación que se deseé realizar y de los costes de transacción del intercesor. Entre mayor sea la rivalidad en la plaza en la que se vendan o adquieran los dólares menores son los costos de transacción. El género de cambio se determina libremente en el mercado sin la intervención de las autoridades, o sea, bajo un régimen cambiario de libre flotación. La Comisión de Cambios, la cual está integrada por gobernantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, y a cuyo cargo está la determinación de la política cambiaria del país, puede facultar al Banco de México para hacer operaciones en el mercado cambiario si ésta lo considera necesario. Si no es cliente de un banco, puede asistir a una de las más de 8 mil sucursales bancarias distribuidas en todo el territorio nacional que brindan de forma gratuita el servicio de canje de billetes y monedas.

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El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet el nombre, denominación o razón popular y clave del registro federal de impositores de aquéllos que se sitúen en alguno de los teóricos a los que se refiere el parágrafo previo. Los impositores que estuviesen inconformes con la publicación de sus datos, van a poder hacer el procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general, en el cual van a poder dar las pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal va a deber resolver el procedimiento en un plazo de tres días, contados desde el día después al que se reciba la petición correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, el Servicio de Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada que sea correcto. En estos 2 últimos casos, se reiniciará el balance del período de caducidad a partir de la fecha donde se localice al contribuyente. Asimismo, el período a que hace referencia este producto se suspenderá en los casos de huelga, desde que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta el momento en que termine la huelga y en el de fallecimiento del contribuyente, hasta mientras se designe al representante legal de la sucesión. Del mismo modo se va a suspender el período a que tiene relación este producto, respecto de la sociedad que teniendo el carácter de integradora, calcule el resultado fiscal que viene dentro en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de ciertas sociedades que tengan el carácter de integrada de esa sociedad integradora.

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