9 Hechos Atrayentes Sobre La Independencia De México

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Una mirada al planeta de la justicia administrativa muestra una variedad de sistemas que constituyen un rico grupo de vivencias. Aunque el derecho administrativo constituye una de las ramas del derecho más locales o nacionalistas, asimismo lo es que su origen en la mayoría de los países latinos no es traje y se basa en distintas vivencias equiparadas de tradiciones aun opuestas. En la mayor parte de las situaciones puede hallarse bases del sistema de derecho francés y en muchas otras del derecho norteamericano . Esto piensa de hecho que los sistemas de jurisdicción administrativa resultan únicos, pero también que la comparación del derecho administrativo es un fenómeno que se remonta hasta el propio origen de la jurisdicción.

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Asimismo lo es que los fiscales deben tener un grado de independencia para hacer sus tareas. Los agentes del Ministerio Público deben rendir cuentas por su actuación al desempeñar un papel primordial en la administración de justicia. Por esta razón, tienen que resguardar los derechos humanos y promover la administración ecuánime de justicia. Para ello, sus resoluciones en casos particulares han de ser adoptadas de modo responsable, propósito, sin dependencia e imparcial. Para efectos de argumentar esta resolución me referiré brevemente al marco normativo de la responsabilidad patrimonial del estado.

Él era visto como una ficha clave para cuajar un movimiento interno que obligara a Calzada a rendirse. Los patriotas a la cabeza de Manuel Piar y del coronel Bolívar establecen el bloqueo y a finales de 1813 recobran la plaza y se abre paso a la Segunda República. Por año siguiente, los realistas vuelven a ganar lote y bajo la orientación de José Tomás Boves consiguen conseguir el poder de esta localidad con lo que acaba el experimento de la Segunda República.

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Sin bien la pura incorporación de un derecho a un sistema constitucional crea provecho, ya que establece un ideal a ser alcanzado y sienta las bases de las esperanzas ciudadanas respecto de sus gobiernos , sabemos bien que las reglas constitucionales por sí mismas no garantizan el ejercicio efectivo de los derechos. Por este motivo, resulta central estudiar las reglas y las instituciones que establecen los mecanismos y procedimientos de garantía precisos para realizar valer los derechos. 28 Con salvedad llevada a cabo de los Estados Unidos y Panamá, todos y cada uno de los sistemas presidenciales de América otorgan al presidente esta facultad. Sin considerar la denotación que este término suele tener como sinónimo de un poder absoluto y también incontrolado del Parlamento por encima de las otras ramas de gobierno. De la misma forma en que el término presidencialismo se ha usado para designar a un poder incontrolado del presidente sobre los otros poderes en el contexto de un sistema presidencial.

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No obstante, en condiciones en las que lo primero no existe, se obstruye la precisa colaboración y el acuerdo entre las dos ramas del gobierno. A este tipo de gobiernos ciertos los han visto como el modelo «habitual», «ideal» o esperado de las democracias presidenciales. Otros más escépticos -quizá por la experiencia de largos años de experimentarlos- los conciben como una suerte de «accidente», o, una suerte de sueño o pesadilla que ha padecido el electorado. Como quiera que sea, la verdad es que los efectos de los GDS serán distintas dependiendo del rincón en que se den y del tiempo de duración y desenlaces del gobierno unificado al que sustituyan. Intentar determinar qué tan fuerte o débil es un sistema presidencial de gobierno no depende de cómo nos parezca que lo sea, sino de cómo lo demuestra en los hechos.

Los primeros estudios relacionados con los incentivos de los legisladores para crear cortes independientes no necesitaron de teorías complicadas o complicadas. Jueces con afinidades para con los intereses políticos de los legisladores eran la apuesta segura para asegurar la perpetuidad de sus decisiones más adelante. De esta forma, William Landes y Richard Posner desde 1976 (The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective) señalaban que en el momento en que el partido rector espera ganar las próximas elecciones, la probabilidad de que opten por dotar de independencia a las cortes es baja y al reves. Es verdad que entre las responsabilidades de los jueces en materia penal es la de analizar las indagaciones efectuadas por los fiscales y, en su caso, consentirlas o corregirlas.

En lo que corresponde a la sustitución del presidente, la problemática sólo existe en el momento en que se provee un «sustituto automático», en tanto que, en el momento en que se convoca a nuevas elecciones, o el Congreso elige al sustituto, se está exactamente —más que nada en este último caso- en la misma situación que de manera regular se genera en el parlamentarismo. Francia y Finlandia eran difíciles de clasificar pues ambos aparecían como sistemas parlamentarios con un presidente sujeto a la seguridad del Legislativo, a la vez que sistemas presidencialistas con un presidente electo por intención habitual. Austria, Islandia y también Irlanda -igual que la República de Weimarde 1919 a 1933 y el Portugal contemporáneo- se ajustan a esta descripción.

De esta manera, se logró un consenso no sólo en la academia sino en las propias prácticas de todo el mundo acerca de los componentes precisos de la independencia judicial. Los elementos mínimos recaen sobre el ascenso independiente, imparcial y transparente de jueces, la permanencia de los juzgadores en su cargo, la prohibición de perjudicar los sueldos de los juzgadores, y los procedimientos disciplinarios y de destitución independientes, imparciales, legales y con transparencia. Dentro del derecho administrativo la justicia administrativa juega un papel singularmente esencial.

• Por otra parte, en la situacion, la CORTIDH asimismo concluyó que algunas de las reglas y prácticas socias al proceso de reestructuración judicial que se venían implementando en Venezuela provocaban una afectación muy alta a la independencia judicial.

En junio se llevó a cabo el Seminario sobre Remesas, Migración y Género, donde se presentaron los resultados del estudio realizado por CEMLA, BID-Lab y Banorte sobre el caso de México. El estudio se centró en identificar el perfil de la inmigrante mexicana en USA y las remesas que envían a México. La base de datos de Banorte usada en el estudio incluyó registros de 9,490,221 transferencias de remesas, 30,6% de las cuales fueron efectuadas por mujeres. Destacó que las remesas mandadas por mujeres tienden a ser un 20% menores en valor a las enviadas por hombres y que las mujeres son las principales beneficiarias de las transacciones (71%) con independencia del género del remitente.

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